La transformación digital de los Gobiernos locales, necesaria e imparable, ha de resultar en una nueva administración digital —también bautizada en el ámbito local como la ciudad inteligente, la ciudad cognitiva o la urbe virtual—, que se irá concretando en el uso intensivo e innovador de la tecnología para recopilar y analizar de manera colaborativa datos con el fin de prestar servicios inclusivos, eficientes, resilientes, sostenibles y centrados en las personas[1].
Los datos y las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial han de permitir aportar más valor a la sociedad gracias a una mayor automatización, una oferta de servicios personalizados y proactivos o el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia. Todo ello exige un liderazgo renovado y nuevas habilidades y competencias para poder dar respuesta a los nuevos retos, pero también a los riesgos que la transformación digital pueda entrañar.
La transformación digital sitúa a los Gobiernos locales ante nuevos retos. En efecto, el proceso de construcción de la administración digital local reporta numerosos beneficios para la ciudadanía, las empresas y los propios entes locales, mas también entraña diversos riesgos a los que se debe dar respuesta.
La transformación digital sitúa a los Gobiernos locales ante nuevos retos.
Desde la perspectiva de la tecnología, la transformación digital puede generar riesgos relacionados con el propio uso de la tecnología que en algunos casos pueden derivar en una dependencia de los Gobiernos locales a la propia tecnología —condicionando aquello que se puede hacer desde los Gobiernos locales a lo que se pueda digitalizar, dejando al margen lo que no se pueda digitalizar—. Asimismo, cuando los Gobiernos locales utilicen determinadas tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, se pueden ver abocados a errores, sesgos y discriminaciones, opacidad o ausencia de supervisión humana que habitualmente caracterizan algunos algoritmos. Además, la transformación digital puede agravar los riesgos relacionados con la seguridad de las redes, las transacciones electrónicas y los sistemas de información que con frecuencia azotan especialmente a los Gobiernos locales.
Desde la perspectiva de las personas, la transformación digital puede ampliar la brecha digital, afectando especialmente a determinadas personas y colectivos cuya relación con la Administración pública puede verse impedida o dificultada por motivos económicos, tecnológicos, educacionales o de género, y que les puede imposibilitar el acceso a una red o un dispositivo para poder conectar digitalmente con las Administraciones locales o a los contenidos y los servicios que estas ofrecen, en particular, por parte de personas con discapacidad o personas mayores. Al mismo tiempo, la transformación digital también puede ahondar la falta de confianza de la ciudadanía en los Gobiernos locales por sentir amenazados sus derechos o percibir a las Administraciones locales cada vez más lejanas. Asimismo, la transformación digital puede acentuar las consecuencias de la ausencia de las capacidades tecnológicas adecuadas en determinadas personas o colectivos, así como en el seno de los propios Gobiernos locales.
Desde el punto de vista institucional, la transformación digital puede abrir una brecha entre los municipios en función de sus características o de los recursos disponibles, que los lleve a avanzar a un ritmo diferente en este proceso de digitalización. Asimismo, la transformación digital puede potenciar la dependencia de los Gobiernos locales a los proveedores de la tecnología, especialmente cuando no cuenten con las competencias o los recursos adecuados. Igualmente, la transformación digital puede generar inseguridad jurídica o la vulneración de los derechos de las personas por la ausencia de normas adecuadas o actualizadas para dar respuesta a todos estos retos.
Los Gobiernos locales han venido articulando la respuesta a estos riesgos a través de distintos mecanismos, contando en numerosas ocasiones con la colaboración de los Gobiernos locales intermedios[2]. Tradicionalmente, la respuesta a la mayoría de los riesgos expuestos se ha canalizado a través de la innovación tecnológica o, en general, el fortalecimiento de la tecnología utilizada por los Gobiernos locales. Con frecuencia, la respuesta de los Gobiernos locales también se ha realizado fortaleciendo el liderazgo de la transformación digital, que, en ocasiones, se ha concretado con la adopción de estrategias y planes que identifican los retos y objetivos de la digitalización y especifican las acciones y los recursos para conseguirlos. Asimismo, algunos Gobiernos locales han abordado estos riesgos con la aprobación de nuevas normas o actualizando las normas vigentes. Por último, numerosos Gobiernos locales también han apostado por la capacitación digital tanto del personal a su servicio como de la ciudadanía.
Junto a estos mecanismos, en los últimos tiempos se ha planteado la oportunidad de impulsar una nueva cultura de la gestión pública con la que tomar conciencia de todos estos riesgos e involucrar activamente a todos los implicados en su gestión. Entre otros instrumentos, esta nueva cultura se concreta en el fortalecimiento del compromiso ético de las personas electas, el personal directivo y el personal al servicio de los Gobiernos locales a través de la asunción de diversos principios que inspiren su actividad y orienten su conducta en el proceso de transformación digital.
Esta nueva cultura se concreta en el fortalecimiento del compromiso ético de las personas electas, el personal directivo y el personal al servicio de los Gobiernos locales a través de la asunción de diversos principios que inspiren su actividad y orienten su conducta en el proceso de transformación digital.
En esta dirección, desde la Fundación Democracia y Gobierno Local se ha promovido la elaboración de Una propuesta de código ético integral para la Administración local, dirigida e impulsada por Manuel Villoria.
Uno de los ejes del Código Integral para la Administración local está conformado por treinta y un principios éticos para la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en los Gobiernos locales, elaborados a partir de la propuesta realizada por Dolors Canals y Agustí Cerrillo. Estos principios se han organizado alrededor de cuatro ejes sobre los que se debería sustentar la transformación digital de los Gobiernos locales.
Uno de los ejes del Código Integral para la Administración local está conformado por treinta y un principios éticos para la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en los Gobiernos locales.
Los principios de la digitalización democrática persiguen garantizar que la transformación digital sea liderada por el pleno de cada corporación y cuente con la participación de la ciudadanía. Entre estos principios se recogen el principio democrático, el de minimización del riesgo, el de responsabilidad política, el de beneficencia, el de no maleficencia, el de participación, el de sostenibilidad ambiental, y el de rendición de cuentas.
Los principios de la digitalización fiable persiguen garantizar el buen funcionamiento de los Gobiernos locales, la robustez y seguridad de las tecnologías y los servicios digitales, e incluyen los principios de fiabilidad, de seguridad, de usabilidad, de gobernanza de datos, de supervisión humana, de responsabilidad, de prevención del riesgo, y de rendición de cuentas.
Los principios para la digitalización inclusiva buscan fomentar la equidad en la transformación digital y evitar cualquier tipo de vulnerabilidad digital de las personas. A tal fin, se han propuesto los principios de universalidad, de igualdad, de neutralidad, de accesibilidad, de no discriminación, de atención humana, y de transparencia.
Por último, los principios de la digitalización colaborativa quieren fortalecer el liderazgo desde los propios Gobiernos locales del proceso de transformación digital, y fomentar su necesaria colaboración con otras Administraciones públicas y con las empresas y los centros de investigación. Para ello, se han incluido los principios de neutralidad, de innovación, de liderazgo público, de compartición de datos, de digitalización colaborativa, de contratación pública ética, de integridad y de autonomía.
Para facilitar la asunción y el cumplimiento de estos principios éticos por las personas electas, el personal directivo y el personal al servicio de los Gobiernos locales, se acompañan en el Código Integral de doce reglas de conducta que deben ser tenidas en cuenta en el ámbito de sus respectivas responsabilidades y tareas.
La asunción y el cumplimiento de estos principios éticos por las personas electas, el personal directivo y el personal al servicio de los Gobiernos locales, se acompañan en el Código Integral de doce reglas de conducta que deben ser tenidas en cuenta en el ámbito de sus respectivas responsabilidades y tareas.
Autor/a: Agustí Cerrillo i Martínez
[1] Véanse una agenda de la transformación digital de los Gobiernos locales y un detallado análisis de sus fundamentos en Cerrillo i Martínez, A. (coord.). (2021). La transformación digital de la Administración local. Madrid: Fundación Democracia y Gobierno Local.
[2] Hemos tenido oportunidad de analizar detalladamente esta cuestión en Cerrillo i Martínez, A. (2022). La digitalización en los Gobiernos locales intermedios y la contribución al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Cuadernos de Derecho Local,58, 30-63.