El Tribunal Supremo suaviza, en sus últimos pronunciamientos, los límites en la externalización de los procedimientos administrativos a través de encargos a medios propios.
En los últimos años, en seguimiento de los nuevos posicionamientos doctrinales y jurisprudenciales, se ha valorado proyectar determinadas modificaciones legales para atenuar los grandes inconvenientes derivados de la aplicación de las tesis monistas de la nulidad de pleno de derecho en los planes urbanísticos.
Intentamos ofrecer algo de luz en la oscuridad creada por la Ley 12/2023, en lo que afecta a la aplicación temporal del nuevo régimen de reservas con destino a viviendas de protección pública, apostando por una interpretación lógica y teleológica de la norma.
En los últimos tres años se aprecia un significativo giro jurisprudencial que atempera, en cierta medida, las devastadoras anulaciones judiciales de los planes urbanísticos consecuencia de la aplicación, en todo su rigor, de las tesis monistas de la nulidad de pleno de derecho.
