El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula parte de la regulación de las zonas de bajas emisiones aprobada por el Ayuntamiento de Madrid en 2021, cuando modificó la Ordenanza de Movilidad Sostenible. La anulación se basa, fundamentalmente, en la vulneración del principio de proporcionalidad.
El mero hecho de que el planeamiento anterior recobre su vigencia por la anulación del nuevo plan urbanístico no supone, por sí mismo, una lesión del principio de no regresión ambiental. Hay que comparar el contenido material de ambas figuras de planeamiento, la anulada y la anterior, para determinar si se ha vulnerado dicho principio.
La sentencia que anula el contrato de construcción de los aparcamientos del Santiago Bernabéu incurre en un error, aparentemente, al argumentar la necesidad de un nuevo trámite de información pública.
Según el Tribunal Supremo, no se pueden celebrar consultas de este tipo porque inciden en la organización territorial del Estado y de las comunidades autónomas, materia sobre la que cualquier alteración excede de los intereses meramente locales.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula una prohibición contenida en una ordenanza municipal, por falta de justificación suficiente. La sentencia no toma en consideración el hecho de que la modificación se introdujera a través de una enmienda presentada por un concejal.
El TSJM declara que la modificación sustancial del proyecto de Ordenanza que fue sometido a información pública, introducida mediante una enmienda, infringe el procedimiento de aprobación de las normas municipales. Se plantea la cuestión de si las enmiendas, que los concejales presentan en ejercicio del derecho fundamental de participación política, solo pueden prosperar si incluyen cambios no sustanciales.
La modificación de una ordenanza a través de una enmienda plantea la cuestión de si en esa fase del procedimiento de aprobación de normas es exigible abrir un nuevo trámite de información pública o recabar informes preceptivos. La cuestión se complica si además la enmienda se presenta a una ordenanza que no es la modificada.
Según el TSJM, cuando un concejal abandona el grupo en el que se integró al inicio del mandato es irrelevante, a efectos de aplicar el régimen de los miembros no adscritos, si la candidatura de la que formaba parte se presentó como partido o como coalición electoral.
El Tribunal Supremo reitera que los ciudadanos tienen derecho a conocer no solo los acuerdos de los órganos colegiados, sino también las actas de sus reuniones. La posible inclusión de las manifestaciones realizadas en la sesión no es una razón válida para denegar el acceso al acta.
Si un concejal abandona su grupo de procedencia, la naturaleza de la candidatura con la que se presentó a las elecciones determina si puede integrar el Grupo Mixto o debe tener la consideración de “no adscrito”.
