La aprobación de códigos éticos en el sector público es un signo de autorresponsabilidad y de “madurez” de las instituciones, que va más allá de cumplir con las obligaciones puramente legales y el tradicional principio de legalidad.
La fórmula “doy fe” solamente puede ser usada por los funcionarios públicos que tienen a su cargo el ejercicio de la “fe pública” en cualquiera de sus formas. El resto, cuando ha de acreditar la verdad de un acto o la realidad de una cosa, utiliza el término “certifico”.
La diferente calidad jurídica con que presidente y secretario intervienen en el acto de firma de las actas y de las certificaciones de los órganos colegiados, deduce preciso el orden para recabarla; primero por el secretario, como titular de la fe pública, y después por el presidente, con el valor del visto bueno.
La presente entrada tiene por objeto aclarar las diferencias entre dos figuras, afines en nuestro derecho administrativo: la contratación pública y los convenios en su regulación de régimen jurídico del sector público, partiendo de la naturaleza de sendas herramientas al servicio de las Administraciones públicas.
