Está generalmente aceptado que cada una de las fases que integran el procedimiento de formación de la voluntad de los órganos colegiados es esencial de tal forma que su omisión comportará, en principio, la nulidad de pleno derecho del acto dictado.
Los tribunales de selección de personal son órganos colegiados de la Administración exclusivamente técnicos que, por su naturaleza, no pueden defenderse ni representar intereses sectoriales, profesionales, de oportunidad política o sindical.
La aprobación de códigos éticos en el sector público es un signo de autorresponsabilidad y de “madurez” de las instituciones, que va más allá de cumplir con las obligaciones puramente legales y el tradicional principio de legalidad.
La fórmula “doy fe” solamente puede ser usada por los funcionarios públicos que tienen a su cargo el ejercicio de la “fe pública” en cualquiera de sus formas. El resto, cuando ha de acreditar la verdad de un acto o la realidad de una cosa, utiliza el término “certifico”.
La diferente calidad jurídica con que presidente y secretario intervienen en el acto de firma de las actas y de las certificaciones de los órganos colegiados, deduce preciso el orden para recabarla; primero por el secretario, como titular de la fe pública, y después por el presidente, con el valor del visto bueno.
La presente entrada tiene por objeto aclarar las diferencias entre dos figuras, afines en nuestro derecho administrativo: la contratación pública y los convenios en su regulación de régimen jurídico del sector público, partiendo de la naturaleza de sendas herramientas al servicio de las Administraciones públicas.
