Autor: Juli Ponce Solé

Un nuevo hallazgo jurídico: el art. 47 de la Constitución contiene un auténtico derecho subjetivo. A propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 79/2024, de 21 de mayo, el derecho a la vivienda y la Ley estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda

El pasado día 24 de junio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Sentencia del Tribunal Constitucional 79/2024, de 21 de mayo, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, presentado por el Gobierno de Andalucía. La STC rechaza la inconstitucionalidad solicitada sobre numerosos preceptos legales y solo considera contrarios a la Constitución Española (CE) un artículo, el 16, una disposición transitoria, la primera, un apartado de un artículo, el tercero del 27, un párrafo de un apartado de un artículo, el 27.1, y una frase del art. 19.3. La STC contiene un voto particular suscrito por cuatro magistrados.

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El derecho y la jurisprudencia internacionales y europeos y su orientación de los reguladores en España.
A propósito de la Ley estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, y de la regulación autonómica y local de vivienda

El derecho internacional, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el derecho de la Unión Europea, y la jurisprudencia asociada, impactan sobre las soluciones que el regulador nacional, el estatal, el autonómico y el local puedan y deban adoptar respecto a la vivienda, limitando en negativo, y orientando en positivo, dichas regulaciones, como se explica a continuación.

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La Ley estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda: su afectación de las competencias locales

En el BOE del 25 de mayo de 2023 se ha publicado la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El objeto de este post es informar sobre su impacto en el ámbito de las competencias locales, sea de forma directa o de forma indirecta, dejando ahora de lado otras cuestiones importantes, vinculadas con la protección que la ley brinda a los deudores hipotecarios y a los arrendatarios.

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El derecho a una buena administración, el buen gobierno y las entidades locales

El derecho a una buena administración es un rasgo de la globalización jurídica, con incidencia a nivel mundial, incluyendo Iberoamérica, región donde existe como soft law una Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, de 2013, impulsada por el CLAD y suscrita por la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo a España, que se refiere a él repetidamente.

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