El Tribunal Supremo sienta, con más sombras que luces, una nueva doctrina acerca de caducidad de los procedimientos iniciados de oficio por la Administración, que no concreta su alcance y efectos y puede dejar, de facto, sin virtualidad dicha caducidad y los derechos que comporta para la ciudadanía.
La nueva redacción dada por el Real Decreto 141/2024, de 6 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, introduce una flexibilización en los criterios de inscripción, con incidencia en la situación de las personas sin hogar o que habitan en infraviviendas.
El régimen jurídico de las declaraciones responsables y de las comunicaciones previas suscita algunas dudas: una de ellas, en relación con el momento temporal en el que la Administración competente puede ejercer sus potestades de comprobación y control sobre el objeto declarado o comunicado; y otra, si la declaración y la comunicación inician un procedimiento que requiera de una resolución. En este post comentamos la respuesta del Tribunal Supremo a ambas cuestiones.
Existe consenso en considerar que un factor determinante de las migraciones interiores está en la disponibilidad y calidad de los servicios públicos que sean capaces de ofrecer las entidades locales. Por tanto, las políticas de lucha contra la despoblación deberían incluir entre sus medidas actuaciones destinadas a garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales.
