El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado diversos artículos de la regulación de las consultas ciudadanas del Reglamento de Participación Ciudadana de Barcelona, por entender que vulneran el principio de seguridad jurídica.
Si bien el Tribunal Constitucional avaló el sistema de limitaciones cuantitativas al reconocimiento de dedicaciones exclusivas a los electos locales ordenado por la Ley 27/2013, se trata de un modelo rígido e invasivo de la autonomía organizativa, así como innecesario e ineficaz al objetivo de contención del gasto público.
La necesaria discrecionalidad con la que los grupos políticos locales disponen de las aportaciones financieras de su respectiva entidad local para su funcionamiento ha estado acompañada de una innegable opacidad, lo que ha venido siendo un déficit de nuestra democracia local. Frente a esta praxis, debe subrayarse el elevado interés público en la divulgación de esta información, vinculada al mandato de rendición de cuentas.
