Autor: Tomás Cano Campos

La invalidez de los contratos públicos plantea el problema de sus efectos o consecuencias cuando el contratista ha realizado ya alguna prestación, en particular la cantidad que por ello le ha de abonar la Administración, en concepto de qué se satisface y, sobre todo, si en dicha cantidad deben incluirse el beneficio industrial y los intereses. El presente post trata de aclarar estas cuestiones, criticando la aplicación del enriquecimiento injusto o la responsabilidad y reivindicando la aplicación de las consecuencias restitutorias que contempla desde siempre nuestra legislación de contratos.