En España, la escasa atención prestada a las elecciones municipales frente a una mayor proliferación de estudios centrados en las elecciones legislativas se debe también al hecho de que su análisis hace referencia a un número muy elevado de unidades políticas que constituyen un mosaico de realidades completamente distintas en términos políticos, económicos y sociales. En España, a la dificultad empírica que genera analizar datos de más de 8000 municipios se une la diversidad de los rasgos que definen estas unidades, caracterizada por su gran dispersión geográfica y su notable fragmentación. No obstante, la capacidad de las instituciones municipales para desarrollar competencias de carácter político-administrativo y para movilizar recursos, hace de ellas un nivel de análisis singularmente privilegiado para comprender el funcionamiento del sistema democrático.
Las convocatorias electorales se convierten dentro de esta diversidad en procesos heterogéneos. Cada municipio es una circunscripción electoral y la mecánica de la elección a los efectos de traducir votos en escaños se cierra en cada ámbito municipal, sin agregación entre ellos para la configuración de alguna instancia representativa a nivel territorial más amplio. La interpretación de los resultados electorales se guía en numerosas ocasiones por factores tanto de índole institucional como de índole política. Si nos detenemos en el sistema electoral, es singular el hecho de que en estos procesos coexisten dos sistemas electorales diferentes con sus consiguientes efectos sobre los sistemas de partidos resultantes. Y en particular, uno de sus elementos, la circunscripción electoral, convive con la diversidad de tamaños municipales, lo que en la práctica tiene una importancia significativa sobre las estrategias que despliegan en el territorio los partidos. Así, no es equiparable gobernar las alcaldías de las grandes ciudades o de las capitales de provincia a gobernar en municipios de menor tamaño, sin por ello obviar la gran importancia de todos los municipios, que constituyen, en conjunto, el escenario político más cercano al ciudadano.
Además de ello, la ubicación fija de las convocatorias (cada cuatro años, el último domingo del mes de mayo) y su encaje en el calendario electoral general conducen a analizar de forma frecuente sus resultados en clave nacional. A menudo se las asemeja a barómetros de la popularidad del Gobierno en el momento en que se celebran (Bürklin, 1987). Aunque esta comparación se justifica por los análisis agregados, no siempre se apoya en las evidencias específicas de estas unidades de gobierno. Es evidente que la interconexión entre la política nacional y la política municipal está cada vez más acentuada y determina una interacción permanente entre los dos niveles de actividad política, y trae como consecuencia altas dosis de nacionalización; no obstante, esta aproximación analítica pone en tela de juicio la importancia que los ciudadanos otorgan a estos procesos (Reif y Schmitt, 1980).
Bajo este marco, las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 2023 convocaron a algo más de 35 millones y medio de electores en un total de 8131 municipios. Fueron las duodécimas elecciones municipales que se celebraban del actual período democrático. Estos comicios tuvieron lugar de forma concurrente con las elecciones a las asambleas parlamentarias autonómicas en 12 territorios: Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra. Todas estas comunidades autónomas, además de Castilla y León —que celebró elecciones anticipadas el 13 de febrero de 2022—, convocan como viene siendo habitual la práctica totalidad de sus comicios regionales de forma coincidente con las elecciones municipales. Contrastan así con las comunidades de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, que siguen un calendario electoral diferenciado.
En lo que respecta a la orientación del voto en términos agregados, estas elecciones han conformado una situación de prevalencia del PP en el conjunto del territorio con un resultado, en lo que se refiere a la gobernabilidad municipal, asentado en una estructura bipolar con coaliciones alternativas (Sartori, 2012: 341). Estos resultados muestran una elevada competitividad electoral entre el primer partido (PP) y el segundo (PSOE). En términos de representación municipal, la ventaja del PP sobre el PSOE se cifra en algo más de 2500 concejales. El análisis diacrónico refleja la consolidación de un cambio en las preferencias de los electores advertido en procesos electorales precedentes. No obstante, esta aproximación esconde realidades muy diversas, pues se realiza sin tomar en consideración los resultados de forma individualizada, o si cabe, los resultados por tramos de población, cuyo análisis siempre ofrece datos de gran interés. Así entonces se percibe que la presencia de los dos partidos mayoritarios convive con la de otras fuerzas políticas de menor tamaño o la de partidos específicos de las arenas municipales.
Así entonces se percibe que la presencia de los dos partidos mayoritarios convive con la de otras fuerzas políticas de menor tamaño o la de partidos específicos de las arenas municipales.
Bajo esta lógica que toma como unidad de análisis el municipio y diversifica los resultados electorales se plantea una reflexión sobre alguna de las propuestas de reforma de su sistema electoral. Un sistema electoral que a diferencia de otros procesos electorales se configura bajo dos modelos diferenciados, asentados sobre la base de un indicador poblacional. Este elemento marca la diferencia sustantiva en su rendimiento, de ahí las propuestas de reforzamiento de la gobernabilidad de este ámbito político, así como para fortalecer la legitimidad del Alcalde.
Es conocido que el debate sobre las reformas del sistema electoral surge cuando existe alguna percepción desfavorable relativa a su funcionamiento. En términos generales el balance a lo largo del período democrático confirma que el rendimiento del sistema en términos de gobernabilidad ha sido satisfactorio. Si bien el clima social está calmado, las propuestas de reforma se sustancian en términos de la práctica política municipal. La preocupación gira en torno a la mejora de eficacia de la gobernanza municipal. Atrás quedaron los tiempos en los que se ponía en riesgo la estabilidad gubernamental, teniendo como consecuencia las reformas de los instrumentos de control al Gobierno a través de las mociones de censura, elemento introducido en la reforma de la ley electoral en 1991. No obstante, la práctica municipal utilizó como estrategia las “automociones” para asegurar la permanencia del Alcalde en el consistorio. Un mecanismo de bloqueo ante cualquier otra posibilidad de moción alternativa durante el mandato municipal.
Es conocido que el debate sobre las reformas del sistema electoral surge cuando existe alguna percepción desfavorable relativa a su funcionamiento. En términos generales el balance a lo largo del período democrático confirma que el rendimiento del sistema en términos de gobernabilidad ha sido satisfactorio.
En relación con las propuestas de reforma del sistema electoral, aunque en ocasiones se ha planteado la posibilidad de desbloquear las listas cerradas o de introducir un voto de preferencia, ha sido indiscutiblemente mayor la atención prestada a la posibilidad de modificar el procedimiento de elección del Alcalde, quizás impulsada por los cambios que en este sentido se han producido recientemente en el entorno europeo (Bertrana y Magre, 2017: 133). Pero es obvio que cualquier reforma electoral no es neutral, sino que conlleva, por un lado, determinadas ventajas para quien la propone; y, por otro lado, es determinante el contexto en que se plantea para valorar su viabilidad.
Aunque en ocasiones se ha planteado la posibilidad de desbloquear las listas cerradas o de introducir un voto de preferencia, ha sido indiscutiblemente mayor la atención prestada a la posibilidad de modificar el procedimiento de elección del Alcalde.
En esta línea se abordan las propuestas de reforma presentadas por los dos partidos mayoritarios. No obstante, parece que esta cuestión no figura entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, y menos aún parece viable en términos de acuerdo entre las fuerzas políticas en sede parlamentaria.
Referencias
Bertrana, X. y Magre, J. (2017). Elección directa del alcalde y cambio institucional: una aproximación comparada. Anuario del Gobierno Local, 1, 131-154.
Bürklin, W. P. (1987). Why study political cycles?. European Journal of Political Research, 15, 131-143.
Reif, K. y Schmitt, H. (1980). Nine second-order national elections: A conceptual framework for the analysis of European election results. European Journal of Political Research, 8, 3-44.
Sartori, G. (2012). Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis. Madrid: Alianza.
Autor/a: Irene Delgado Sotillos