El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España es un ambicioso conjunto de reformas e inversiones agrupadas en torno a cuatro ejes estratégicos: transformación digital, transformación ecológica, igualdad de género y cohesión social y territorial. Su objetivo principal es modificar desde un punto de vista estructural la economía española, fomentando su crecimiento y profundizando en nuestro estado de bienestar.
El componente 13 del PRTR, incluido en el eje estratégico de cohesión social y territorial y dentro de la política palanca “modernización y digitalización del crecimiento de nuestras empresas”, está dedicado específicamente al “impulso a la pequeña y mediana empresa”. Este componente recoge, tal y como se define en el propio Plan, “un conjunto de reformas e inversiones orientadas a reforzar el ecosistema empresarial español, con especial atención en las necesidades de las pymes, con el fin de apoyar a estas empresas para aumentar su productividad, reforzar sus capacidades y su resiliencia y contribuir así a la creación empleo, la competitividad, y el crecimiento potencial de la economía”.
Dentro de las reformas que se incluyen en este componente se recogen diferentes iniciativas normativas cuyo objetivo principal es favorecer el clima de negocios en todas las fases del ciclo de vida de una empresa. En este sentido, se incluyen reformas centradas en la fase de nacimiento e impulso de empresas especialmente innovadoras (proyecto de ley del fomento de las empresas emergentes —ley de startups—, aún en fase de tramitación parlamentaria), en la fase de creación, crecimiento y madurez de las empresas (Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas) y en la posible fase de reestructuración e insolvencia (Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal). Debe tenerse en cuenta que la aprobación de estas normas está vinculada a los hitos y objetivos del PRTR, cuyo cumplimiento condiciona los desembolsos de los fondos de la Unión Europea.
Dentro de las reformas que se incluyen en este componente se recogen diferentes iniciativas normativas cuyo objetivo principal es favorecer el clima de negocios en todas las fases del ciclo de vida de una empresa.
La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (más conocida como “Ley Crea y Crece”) entró en vigor el pasado 19 de octubre y es, por tanto, uno de los tres principales proyectos normativos cuyo objetivo fundamental es mejorar el marco regulatorio, muy especialmente para los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 99 % del tejido productivo español.
La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas entró en vigor el pasado 19 de octubre y es uno de los tres principales proyectos normativos cuyo objetivo fundamental es mejorar el marco regulatorio, muy especialmente para los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 99 % del tejido productivo español.
Para ello se prevé una serie demedidas orientadas a reducir los obstáculos de tipo regulatorio o financiero y que son de relevancia para todas las Administraciones territoriales y, por tanto, de especial interés también para el ámbito local. En particular:
1. Medidas para agilizar la creación de empresas:
— Se reduce el importe mínimo legal de 3000 euros de capital social a un euro para poder constituir una sociedad de responsabilidad limitada.
— Se reforma el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) para impulsar su utilización y reducir los plazos de constitución de empresas y su coste. Se avanza en la constitución de CIRCE como el único procedimiento que permitirá de forma telemática realizar todos los trámites asociados a la creación de una empresa, incluyendo la presentación de documentos de las diferentes Administraciones públicas (incluyendo las locales).
2. Medidas para mejorar el crecimiento de las empresas:
— Se modifica la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, para reforzar la cooperación entre Administraciones y reforzar los mecanismos en los que las empresas pueden reclamar cuando consideran que las Administraciones establecen obstáculos injustificados a su actividad económica, contrarios a los principios de buena regulación. Aproximadamente un 45 % de las reclamaciones que se han recibido en estos mecanismos desde su creación en 2014 son relativas a actuaciones de diferentes entidades locales.
3. Medidas relativas a la lucha contra la morosidad para el fomento de la liquidez de las empresas:
— Se impulsa el uso de la facturación electrónica mediante la ampliación de la obligación de su uso a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales. Por ello, serán necesarios un desarrollo reglamentario y un periodo transitorio para que las empresas puedan adaptarse a esta obligación.
— Se recogen una serie de incentivos para el cumplimiento de los plazos de pago por parte de las empresas. En particular, el cumplimiento de los plazos de pago se establece como criterio de acceso a determinadas subvenciones públicas. Asimismo, se recogen medidas en materia de contratación pública para luchar contra la morosidad de los adjudicatarios con posibles subcontratistas. Estas medidas se aplican a los procedimientos de subvenciones y contratación de las diferentes Administraciones, incluyendo, por tanto, a las entidades locales.
4. Medidas de mejora del apoyo financiero no bancario al crecimiento empresarial:
— Se fomenta el desarrollo del crowdfunding o financiación participativa para conseguir más flexibilidad en el funcionamiento de las plataformas a la vez que se refuerza la protección de los inversores.
— Se introducen mejoras en la inversión colectiva y el capital riesgo.
Además, de forma específica, entre otras medidas que la Ley establece y que cabría resaltar desde el punto de vista local, se recogen las siguientes:
1. La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios (creada en julio de 2022) asume las competencias del Consejo para la Unidad de Mercado. Se aúnan así en un solo foro todas las funciones vinculadas a la mejora de la regulación de las actividades económicas. Esta Conferencia Sectorial tiene representación del mundo local a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Además, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de esta Conferencia Sectorial se establece que la Comisión Local para la Mejora de la Regulación (formada por 28 ayuntamientos de toda España) se conforma como un grupo de trabajo específico de esta Conferencia.
2. Se modifica la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, para ampliar el catálogo de actividades exentas de autorización o licencia previa. Estas licencias —que se expiden en el ámbito local— deberán sustituirse por declaraciones responsables.
3. Se habilita a la comentada Conferencia Sectorial para elaborar una nueva ordenanza tipo para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y determinados servicios. Además, se establece que dicha Conferencia Sectorial impulsará la posible adopción de otras ordenanzas tipo en colaboración con otras conferencias sectoriales competentes.
4. Se establece un mandato para la creación y regulación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada en el marco del Consejo Estatal de la PYME, que contará con representantes de asociaciones a nivel local. Entre otras funciones, este Observatorio realizará un seguimiento de la evolución de los datos de pago y el impulso del intercambio y difusión de buenas prácticas.
En definitiva, las medidas recogidas en la “Ley Crea y Crece” son complementarias a otras iniciativas de mejora del clima de negocios. Todas ellas responden a la existencia de un amplio consenso, tanto a nivel internacional como nacional, sobre la necesidad de mejorar los ecosistemas empresariales y reducir las barreras regulatorias. En especial, desde el punto de vista de mejora de la regulación económica cabría señalar la modificación realizada de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
En definitiva, las medidas recogidas en la “Ley Crea y Crece” son complementarias a otras iniciativas de mejora del clima de negocios.
Autor/a: Marisa Álvarez Suárez