Los llamados mercados de agricultores o de productores agraoalimentarios se vienen desarrollando desde la primera mitad del siglo XX, tanto en Europa[1] como en Estados Unidos y Canadá, y atienden a la necesidad de ofrecer a los productores agrícolas o agroalimentarios un espacio de venta directa de sus propios productos. Con ello, se fomentan la agricultura de proximidad, la conexión directa de los productores y los consumidores, y los hábitos alimenticios saludables, y se protege el medio ambiente.
En España, sin embargo, no han sido objeto de atención por la legislación estatal, y solo algunas comunidades autónomas han previsto su existencia —artículo 15.1 de la Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias de Cataluña—. Tampoco existen datos o estudios que permitan concretar la aportación de estos mercados de productores a la economía agrícola.
Tratándose de mercados locales, los municipios son los que se han encargado de su impulso y regulación mediante ordenanza [artículo 25.2.i) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local].
Los mercados de productores se insertan en el fenómeno más amplio de la venta directa de los productos agroalimentarios (“del huerto a tu casa”), definida por la Organización de Consumidores y Usuarios como aquella venta que un productor hace directamente al consumidor, ya sea en su propia explotación, en tiendas o mercados específicos o bien mediante sistemas de envío a distancia.
Los mercados de productores se insertan en el fenómeno más amplio de la venta directa de los productos agroalimentarios (“del huerto a tu casa”).
La venta directa mediante mercados de productores encuentra su singularidad principal en el hecho de que los propios productores agroalimentarios se encargan, de forma colectiva, de la venta directa de sus productos. Estos mercados son organizados por Administraciones públicas o sujetos privados, aunque aquí nos referimos principalmente a los primeros, y suelen celebrarse con carácter semanal (los domingos en el caso de Londres, los sábados en el caso de Canadá) en espacios abiertos o al aire libre (“fresh food, fresh air”, de los farmers market de Londres), por lo tanto, en general, con instalaciones desmontables. Estas características los asemejan a la modalidad de venta no sedentaria, pero los diferencian de forma clara de los tradicionales mercados de venta ambulante, en los que los vendedores son profesionales de dicha venta, no productores.
Estas características los asemejan a la modalidad de venta no sedentaria, pero los diferencian de forma clara de los tradicionales mercados de venta ambulante, en los que los vendedores son profesionales de dicha venta, no productores.
En otros países, estos mercados de productores agrícolas incluso se ubican en establecimientos permanentes, donde concurren con otras actividades relacionadas con dichos productos, entre otras, la venta de productos agroalimentarios elaborados, restaurantes que utilizan dichos productos como base de su cocina, panaderías, floristerías. Ejemplo de esta opción son los farmers market de Estados Unidos, en particular, el de la ciudad de Los Ángeles.
En la Unión Europea, la nueva Política Agrícola, que entra en vigor en 2023, facilitará que el sector agrícola cumpla con los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo. Un importante pilar de este plan es la nueva estrategia “De la granja a la mesa”, que refrenda el objetivo de desarrollar un sistema alimentario europeo sostenible, desde la producción hasta el consumo.
En España, algunos municipios han regulado mediante ordenanza los mercados de productores agroalimentarios, con una característica predominante, que es la de su desarrollo en espacios de dominio público municipal mediante instalaciones desmontables. Son los casos, por ejemplo, entre otros, de los Mercados del Agricultor del Cabildo de Tenerife, el Mercado Los Carros (Burgos), el Mercado de Santa Bárbara (Vitoria), el Mercado de Azpeitiko Azoka (Gipuzkoa), el Mercat agrari (Ciutadella, Islas Baleares), el Mercado Local Agroecológico (Zaragoza), el Mercado La Huerta (Málaga), el de Esplugues de Llobregat, etc.
Sin duda se trata de un instrumento muy útil para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema alimentario, además de fomentar la agricultura de proximidad, las relaciones directas entre el productor y el consumidor, los buenos hábitos alimenticios y la protección del medio ambiente, que convendría impulsar mediante una regulación adecuada que conjugara los intereses generales de un sistema alimentario sostenible con los de los productores agroalimentarios de proximidad.
En este sentido, esa regulación debería garantizar que el objeto de la venta de estos mercados sean, principalmente, productos agroalimentarios, sin perjuicio de la realización de otras actividades relacionadas con dichos productos —entre otras, panaderías y restauración—, así como reconocer a los municipios una amplia facultad para su organización y gestión, en instalaciones fijas o desmontables, mediante gestión, directa o indirecta, por los ayuntamientos, en particular, a través de las organizaciones de productores, o cualquier otra fórmula organizativa que permita garantizar su gestión eficiente.
Esa regulación debería garantizar que el objeto de la venta de estos mercados sean, principalmente, productos agroalimentarios así como reconocer a los municipios una amplia facultad para su organización y gestión, en instalaciones fijas o desmontables, mediante gestión, directa o indirecta, por los ayuntamientos.
Se ofrece así una nueva política municipal que conecta el sistema alimentario, los mercados y la salud pública, y que requiere, por supuesto, de los correspondientes acuerdos con el sector y del desarrollo de un modelo organizativo adecuado a las características de cada municipio.
Autor/a: Cayetano Prieto Romero
[1] Pueden verse, en el caso de Italia, el Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo; el Decreto del Ministero per le Politiche Agricole-Forestali de 20 de noviembre de 2007, sobre mercados reservados al ejercicio de la venta directa por parte de los emprendedores agrícolas; y, más recientemente, la Ley de 1 de abril de 2022, n. 30, Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.