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El Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Huesca invertirá más de 23 millones de euros en 2023
“Esta institución debe hacer lo que esté en su mano para que los altoaragoneses dispongan de unos servicios públicos de calidad, siempre dentro de las competencias municipales. Por eso, la prioridad del Plan de Obras y Servicios es que los ayuntamientos inviertan en equipamientos, obras o inmuebles que incidan en dicha prestación”. Con estas palabras ha defendido el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca las líneas básicas del POS para 2023, aprobado este lunes en el pleno de la DPH.
Dotado con 12.620.475 euros, Miguel Gracia ha explicado que “el próximo año se aportará el 85% de la actuación y en 2024 el 15% restante” y ha adelantado la posibilidad de que “si se cumplen las condiciones, se estaría en disposición de ampliar el Plan en más de 10’5 millones, alcanzando un total de 23.359.300 euros”.
Y ha insistido en que los consistorios “tienen plena autonomía para decidir a qué destinan los fondos obtenidos, que pueden llegar hasta un 100% de la actuación”. Es más, ha señalado, “dada la evolución de las necesidades que plantean los municipios, pueden invertirlos en ejercer competencias distintas a las que les son propias”.
Partiendo de la diversidad del territorio altoaragonés, el Plan de Obras y Servicios tiene en cuenta varios factores para el reparto de las subvenciones, asignando un importe fijo según tramos de población y otro en función del número de entidades singulares dependientes de cada municipio.
También se tiene en cuenta, en tercer lugar, la carga fiscal aplicada por cada ayuntamiento, “entendemos que las entidades locales con mayor necesidad de recursos económicos son las que exigen más esfuerzo a sus vecinos, por lo que se se beneficia con una aportación superior a los que tienen un coeficiente más elevado”. Este índice corrector tiene en cuenta el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y el de naturaleza rústica, pues son gravámenes comunes a todos los municipios. Además, se ha introducido un criterio en el que se prima a los municipios en función de la pérdida de población en los últimos años.