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La Diputación de Pontevedra tiende la mano a los ayuntamientos de la provincia para cumplir las “exigencias radicales” de las nuevas leyes de residuos y alcanzar los objetivos de reciclaje
- La nueva normativa obliga separar residuos en origen con objetivos inminentes y bajo amenaza de sanción, impone la creación de cuerpos municipales de inspección, y exige la recogida y traslado de datos a la Xunta
El nuevo marco legislativo sobre residuos supone “una auténtica revolución” que impone a los ayuntamientos “exigencias radicales” bajo amenaza de sanción. Así lo anunció hoy (7 de febrero) el vicepresidente César Mosquera quien anunció que, ante los importantes y urgentes requerimientos que deben hacer frente los gobiernos locales, la Diputación de Pontevedra va a tender nuevamente la mano a los ayuntamientos de la provincia para que a través del Revitaliza vayan “por el camino que marca la ley”: habrá nuevas líneas de ayudas, se dará asesoramiento, y se ofertará incluso la creación de un cuerpo de control e inspección provincial.
El vicepresidente Mosquera viene de convocar una reunión con los ayuntamientos de la provincia para este miércoles en la que explicará todos los cambios de la legislación. Según dijo, el nuevo marco normativo derivado de la directiva de la UE de 2018, la ley gallega de 2021 y la nueva ley estatal que está en tramitación en el Senado supone un nuevo enfoque y requiere tomar decisiones al respeto.
La “fase de buenismo” en la que se pretendía alcanzar objetivos de reciclaje a través de acciones voluntarias con tratamientos más ecológicos se acabó, según dijo Mosquera, y se entra en una fase de resultados en la que se marcan deberes claros. Para los ayuntamientos esto supondrá que de manera inminente habrá nuevas exigencias: deber de cumplir objetivos de separación y preparación para el reciclaje; deber normativo de tener ordenanzas de gestión, servicio y económicas; obliga de un cuerpo de inspección y control municipal; y deber de recogida de información y traslado a la Xunta de Galicia.
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