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La Diputación Provincial finaliza el dispositivo especial de apoyo para el proceso extraordinario de regularización de migrantes tras haber asistido a casi 200 personas
El área de Bienestar Social mantiene desde el 14 de mayo un servicio de atención específico con seis profesionales del departamento, en coordinación con entidades sociales del tercer sector.
Alrededor del 20% de las personas atendidas pertenecían a unidades familiares con hijos dependientes. Las nacionalidades con mayor representación fueron Venezuela, Colombia, Guinea, Perú, Marruecos y Ghana.
La mayoría de las personas atendidas eran jóvenes, con una edad media de 35 años. Casi todas llevaban residiendo en España más de un año.
El Consejo Provincial de Ourense, a través del Área de Bienestar Social, finalizó hoy el dispositivo especial habilitado como refuerzo y coordinación con las entidades del tercer sector de la provincia para la atención urgente a los migrantes, dado el extraordinario proceso de regularización abierto por el Gobierno central.
Desde el 14 de mayo hasta hoy, 30 de junio, la institución provincial ha mantenido un servicio de apoyo abierto de lunes a jueves por la tarde, atendido por un equipo de seis profesionales del área de Bienestar Social. El objetivo era fortalecer la capacidad de respuesta ante un proceso administrativo de especial relevancia social, ofreciendo información, orientación, apoyo técnico y colaboración en la revisión y verificación de la documentación necesaria.
Durante este periodo, se prestó asistencia a casi 200 personas, lo que permitió un acercamiento directo a la realidad social, familiar y laboral de quienes solicitaban apoyo. Entre las personas asistidas, aproximadamente el 20% pertenecía a unidades familiares con menores a su cargo, quienes recibían educación en centros de la provincia cuando se daba esta circunstancia.
Las nacionalidades con mayor presencia fueron Venezuela, Colombia, Guinea, Perú, Marruecos y Ghana. En el caso de las personas de nacionalidad venezolana, una parte muy significativa correspondía a solicitantes de protección internacional, lo que demuestra la diversidad de situaciones administrativas y personales que confluyeron en este proceso.
La mayoría de las personas atendidas eran jóvenes, con una edad media de 35 años. Casi todas residían en España desde hacía más de un año, si bien el requisito reglamentario mínimo para este trámite era de cinco meses de residencia ininterrumpida antes de la fecha establecida por la normativa aplicable. Asimismo, las personas atendidas presentaron certificados de antecedentes penales en regla y manifestaron su disposición a trabajar para otros.