Actividades – Jornadas

El ordenamiento jurídico de la contratación pública en España ha vuelto a sufrir dos nuevos cambios este verano, que bien merecen ser examinados para su aplicación práctica, ya que no está exenta de complicación:

De una parte, la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta Ley reforma la Ley de Contratos del Sector Público para reducir a treinta días el plazo en que la Administración debe pagar al contratista (en lugar de los sesenta días habituales).

De otra, la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.