V Conferencia de Presidencias de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares

(València – 12 y 13 de mayo de 2022)

Las diputaciones provinciales, los cabildos y los consejos insulares son instituciones que cuentan con una dilatada tradición histórica y con una gran vitalidad que asegura su proyección hacia el futuro. En el presente año, en el que muchas de estas entidades celebran el bicentenario de su constitución, constatamos que todas ellas gozan de una elevada aceptación por parte de la ciudadanía y poseen un indudable vigor corporativo, fruto de su constante voluntad de acercamiento a las personas, su permanente deseo de modernización mediante el impulso de la transparencia y, en aras de un desempeño más eficiente de sus competencias, con el empleo responsable de sus recursos económicos y la adopción de las mejores tecnologías disponibles en cada momento para el desarrollo de sus actuaciones.

La pervivencia activa de estas entidades a lo largo de los siglos, ciertamente llenos de momentos convulsos y difíciles, por razones sociales, por motivos políticos y por causas económicas, se debe, sobre todo, a que las diputaciones provinciales, los cabildos y los consejos insulares han desarrollado, en el pasado, y desempeñan, en el presente, una función esencial en nuestro sistema constitucional de descentralización territorial del poder público y de administración multinivel.

En su condición de Gobiernos locales intermedios, les corresponde la asistencia y cooperación con los ayuntamientos, prestando una especial atención a los de ámbito rural con menor número de habitantes, de tal modo que se erigen en instituciones vertebradoras del territorio, en instrumentos de cohesión social y en motores del desarrollo sostenible. Así, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares actúan permanentemente al servicio de los ayuntamientos de nuestro país, y, bajo esta fórmula, al servicio de sus vecinos. La actuación de forma individual o conjunta de los Gobiernos locales intermedios mediante instrumentos de cooperación, ha sido, es y será, la garantía última de que todos los ciudadanos españoles gocen, en igualdad de condiciones, de servicios públicos de calidad que aseguren su bienestar, cualquiera que sea el lugar elegido de residencia: los pueblos, las pequeñas ciudades o las aglomeraciones urbanas.

Esta realidad ha quedado patente con ocasión de la gran crisis sanitaria, económica y social desencadenada por la pandemia de COVID-19. La actuación de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, de forma conjunta con la de las demás entidades locales, ha sido decisiva para asegurar en todo el territorio español, en un primer momento, la adopción de las medidas sanitarias precisas para luchar contra el virus SARS-CoV-2 y las disposiciones sociales necesarias para el bienestar de la población, en especial, de la más vulnerable, y, en un segundo tiempo, las políticas adecuadas para salir de la crisis económica y para paliar sus consecuencias sociales.

Sobre la base de estas consideraciones, los presidentes y las presidentas de los Gobiernos locales intermedios, reunidos en la V Conferencia de Presidencias de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, en Valencia, el 12 y 13 de mayo de 2022,

DECLARAN

1.- Su compromiso con la reparación de los daños económicos y sociales causados por la pandemia de COVID-19, en particular a través de la gestión de los fondos europeos incluidos en el Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los Gobiernos locales, desde el anuncio del diseño de estos instrumentos financieros, han reclamado una presencia protagonista en su gestión. Se constata la presencia de los Gobiernos locales en las conferencias sectoriales en el ámbito de las políticas de recuperación. A pesar de ello, resulta imprescindible reclamar la participación local en todos los asuntos sectoriales de interés local, hasta lograr la plena cogobernanza que proclama el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2.- Su determinación de afrontar el reto demográfico, con el objetivo de lograr una mejor distribución territorial de la población. La consecución de este fin pasa por asegurar, en todo el territorio nacional, los mismos servicios públicos, y, en consecuencia, la misma calidad de vida. Dada la experiencia de los Gobiernos locales intermedios en esta función, son la instancia más adecuada para llevar a cabo la planificación concertada de actuaciones a fin de luchar contra la despoblación y para el diseño y la ejecución de programas con esa finalidad, tales como fomentar y diversificar las actividades productivas, optimizar las infraestructuras y los equipamientos públicos, impulsar los servicios de interés público (como los financieros o los farmacéuticos) y garantizar los servicios públicos esenciales (sanitarios, sociosanitarios y educativos), adecuar la ordenación territorial, paisajística, urbanística y habitacional, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad. Constatamos, en definitiva, que el reto demográfico exige, además de un estatuto específico para los pequeños municipios, una articulación de las políticas públicas atendiendo al territorio y a la distribución de la población, que cubran las necesidades de los pueblos en el ámbito rural, pero también de las ciudades de tamaño intermedio, factor clave para la fijación de la población en su ámbito de influencia, y en las áreas urbanas donde las aglomeraciones humanas presentan exigencias particulares. Asimismo, en el marco de la diversidad, se constata también la singularidad derivada del hecho insular y la problemática específica de las islas, en especial, en relación con la prestación de los servicios ante la existencia de desequilibrios estacionales y altas concentraciones de población.

3.- Su empeño en la consecución del conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En especial, dada su mayor conexión con el ámbito local, con los objetivos siguientes: Hambre Cero; Agua y Saneamiento; Energía; Ciudades y Comunidades Sostenibles; Cambio Climático y Bosques, Desertificación y Diversidad Biológica. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas han de reconocer que los Gobiernos locales son actores imprescindibles para el logro de estos objetivos y, por tal razón, deben facilitar su participación en las acciones necesarias para alcanzarlos.

4.- Su apuesta por avanzar en la transformación digital. Las diputaciones provinciales, los cabildos y los consejos insulares se han caracterizado por su voluntad permanente de modernización y de adaptación constante a los nuevos escenarios tecnológicos y sociales. Así, mediante el desarrollo de un buen gobierno, caracterizado por una actuación eficiente y transparente, han tratado de ofrecer a los ciudadanos más servicios y de mayor calidad, para elevar su nivel de bienestar. Para continuar este impulso, en primer lugar, se destaca la necesidad de fomentar la profesionalización y capacitación técnica de los empleados públicos al servicio de los Gobiernos locales intermedios, de modo que se garantice su buen funcionamiento y el adecuado desempeño de los ayuntamientos que no cuenten con esos recursos humanos y materiales. En segundo lugar, en este ámbito, los Gobiernos locales intermedios no se pueden olvidar de los ciudadanos que no tienen suficientes capacidades digitales, de modo que han de hacer todo lo preciso para reducir y eliminar la brecha digital. Y, finalmente, durante el despliegue de soluciones digitales, han de garantizarse los derechos de las personas, en particular, el derecho a la protección de sus datos personales y el de un acceso fácil a las Administraciones públicas.

5.- Su deseo de que se revise el marco competencial de los Gobiernos locales intermedios. La función esencial de las diputaciones provinciales, los cabildos y los consejos insulares es la asistencia jurídica, técnica y económica a los ayuntamientos, así como cooperar con ellos, con el objetivo de que puedan llevar a cabo un adecuado ejercicio de sus competencias, una satisfactoria prestación de sus servicios y una óptima rendición de cuentas a sus vecinos. En definitiva, los Gobiernos locales intermedios complementan la capacidad de los ayuntamientos, especialmente los de menores recursos, para lograr la atención a las necesidades de los ciudadanos. No obstante, para que dichos Gobiernos locales intermedios, dentro de su diversidad, puedan ser un verdadero complemento de los municipios, el legislador ha de conferirles competencias propias que les permitan poner en marcha políticas diferenciadas y articular actuaciones y servicios intermunicipales. Los Gobiernos provinciales e insulares constituyen por diseño, capacidad, tradición y experiencia el escalón institucional para articular la intermunicipalidad. Se reivindica que el legislador, teniendo en cuenta las peculiaridades del mundo local, remueva los obstáculos normativos que dificultan la labor y les atribuya competencias en cantidad y calidad suficientes, a título de competencias propias vinculadas a la suficiencia financiera, de manera que estén efectivamente en condiciones de poder decidir y poner en práctica políticas autónomas.

6.- Su deseo de que se revise el marco de financiación de todos los Gobiernos locales, no solo de los intermedios. En la actualidad, el marco legal de financiación de las diputaciones provinciales, los cabildos y los consejos insulares no cubre adecuadamente sus necesidades económicas, derivadas del ejercicio de las competencias que tienen atribuidas. De este modo, los Gobiernos locales intermedios, al carecer de suficiencia financiera, vienen padeciendo una lesión crónica de su autonomía. Recordamos que el aseguramiento de los recursos económicos necesarios constituye un elemento indisociable del reconocimiento de las competencias: la falta o insuficiente financiación se traduce en la vulneración del principio de suficiencia financiera y, de este modo, también del contenido competencial de la autonomía local. Por ello, es urgente e indispensable una modificación del marco financiero, para que los Gobiernos locales intermedios, y los demás Gobiernos locales, gocen de una adecuada capacidad económica, basada en fondos propios, libres de toda condicionalidad. En esta reforma es indispensable tanto la participación de los Gobiernos locales, para que puedan exponer su situación y sus necesidades, como que el sistema de financiación resultante permita una distribución de los recursos económicos en la que se ponderen y equilibren, de forma adecuada, criterios poblacionales y territoriales.

7.- Su intención de cooperar entre sí y colaborar con los demás niveles territoriales de Gobierno. Las diputaciones provinciales, los cabildos y los consejos insulares pretenden impulsar todo tipo de mejoras económicas y sociales en beneficio de los ciudadanos, para lo cual se comprometen a compartir tanto conocimientos técnicos para la optimización de los recursos de cada territorio, como estrategias para su promoción.

València, a 13 de mayo de 2022